El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Venezuela intensificar los esfuerzos para eliminar la discriminación institucional y racial en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la adopción de medidas de acción afirmativa.
En el adelanto de sus observaciones sobre dos informes periódicos de Venezuela, publicadas este viernes, el Comité exhortó al país a garantizar que los planes y políticas públicas para eliminar la discriminación racial y de otras formas se implementen de manera efectiva tomando en cuenta las brechas de desigualdad y las necesidades concretas de los pueblos indígenas y de la población afrodescendiente a fin de lograr resultados significativos en la disminución de la pobreza y de los niveles de desigualdad que les afectan.
También pidió asegurar que los pueblos indígenas y los afrodescendientes sean consultados y participen en el diseño e instrumentación de los programas sociales en su favor.
Tras reconocer los esfuerzos de Venezuela en favor de los pueblos indígenas, el Comité subrayó las altas tasas de deserción escolar y la falta de maestros calificados en las escuelas principalmente en las zonas donde habitan estos pueblos.
Difícil acceso a servicios básicos
Además, manifestó preocupación por las limitaciones que encaran los pueblos indígenas para acceder a servicios de salud de calidad y culturalmente apropiados, al igual que los obstáculos para su acceso al mercado laboral.
A este respecto, recomendó al redoblar los trabajos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la educación para los niños indígenas, incluso mediante la promoción de procesos formativos y de capacitación continua de los docentes a fin de fortalecer la educación intercultural bilingüe.
Otra recomendación fue reducir los índices de deserción escolar y repetición entre los niños y niñas indígenas.
En cuanto a los servicios de salud, llamó a Venezuela a asegurar su accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad teniendo especial consideración de las necesidades, tradiciones y diferencias culturales de los pueblos indígenas, principalmente en el caso de las mujeres.
Para el mercado laboral, el Comité pidió al país que garantice que las personas indígenas tengan un acceso sin discriminación y cuenten con condiciones de trabajo justas y satisfactorias.
Proteger los territorios indígenas
De los territorios de los pueblos indígenas, los expertos del Comité dijeron que el Estado debe tomar medidas que protejan esas tierras, territorios y recursos para que esas poblaciones puedan disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo.
Asimismo, le pidió planes adecuados que prevengan su desplazamiento de los territorios que tradicionalmente han ocupado y poseído, y de mitigación y compensación por daños o pérdidas ocasionadas por las actividades realizadas en sus territorios.
Del mismo modo, instó al país a no desplegar fuerzas militares ni realizar operativos militares en territorios indígenas sin haber consultado previamente a sus habitantes para obtener su consentimiento libre e informado y con apego a los derechos humanos cuando ese tipo de operativos sean indispensables.
Intimidación a defensores de derechos humanos
En otro apartado, el Comité expresó preocupación por las informaciones sobre actos de intimidación y represalias en contra de representantes de organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos en Venezuela.
El Comité condenó esas acciones e instó a Venezuela a adoptar medidas efectivas para prevenir todo tipo de acoso, hostigamiento, intimidación o amenazas a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil por su cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de protección de las garantías fundamentales.
También le pidió al país investigar exhaustivamente todas las alegaciones al respecto.
Ley contra el Odio
Las observaciones del Comité analizaron la Ley Constitucional contra el Odio promulgada en 2017, manifestando inquietud por la falta de precisión de las definiciones utilizadas para calificar los delitos y citaron denuncias del uso de la legislación como instrumento para limitar la libertad de expresión y el número de procesos penales relacionados con declaraciones en contra de las autoridades y en defensa de los derechos humanos.
En este sentido, exhortaron al país a enmendar la Ley a fin de definir claramente las expresiones que constituyen incitación al odio, teniendo en cuenta los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión.
“El Comité recuerda al Estado parte que las medidas encaminadas a vigilar y combatir el discurso racista no deben emplearse como pretexto para restringir las expresiones de protesta contra la injusticia, ni las de descontento social o de oposición”, apuntó.
Los 18 expertos internacionales designados para el Comité reciben sus mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No son personal de las Naciones Unidas y no reciben remuneración por su trabajo.
