Demasiadas víctimas y familias devastadas por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos siguen esperando justicia 23 años después, declaró este miércoles el relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos*.
En el aniversario de los devastadores ataques de 2001, Ben Saul conmemoró a las 2977 víctimas, provenientes de más de 100 países, y rindió homenaje “a la valentía y resistencia de los supervivientes y de las familias de las víctimas”.
Señaló que, aunque fue un crimen contra la humanidad, éstas siguen privadas de justicia porque los sucesivos gobiernos estadounidenses “han socavado los esfuerzos por lograr una auténtica rendición de cuentas”.
Guerra contra el terror
El experto destacó que los funcionarios estadounidenses implicados en graves violaciones del derecho internacional en la guerra contra el terror, incluida la tortura, “han gozado en gran medida de impunidad durante décadas”.
Según Saul, esto indica a otros países que la anarquía y los crímenes internacionales son “aceptables” en la lucha contra el terrorismo. “Esta señal se sigue repitiendo en todo el mundo”, dijo, incluso entre los aliados del país norteamericano.
El “doble rasero” de Estados Unidos al no aceptar el Estado de derecho internacional erosiona la aplicación de la ley en todas partes y “socava la credibilidad y legitimidad del orden mundial diseñado para proteger a toda la humanidad”, añadió.
Violaciones del derecho internacional
Saul denunció “el legado” de entregas ilegales, torturas, condiciones de detención inhumanas, juicios injustos ante comisiones militares irregulares, detenciones arbitrarias y otras violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que “impiden que se ponga fin a la situación de las víctimas”.
Destacó el retraso reciente del juicio de tres sospechosos del 11-S por la revocación de un acuerdo creíble para condenarlos a cadena perpetua por parte del secretario de Defensa estadounidense.
Por otra parte, las condiciones de encierro de los 30 detenidos restantes en el centro de reclusión de Guantánamo “no parecen cumplir las normas internacionales”, indicó el relator, ni siquiera en relación con la atención médica, la rehabilitación de torturas y traumas, el acceso a abogados y las visitas familiares.
Recordó que 16 de los detenidos restantes fueron puestos en libertad y están a la espera de ser reasentados en el extranjero, tras décadas detenidos sin cargos.
El relator advirtió que “muchas” de las aproximadamente 741 personas excarceladas de Guantánamo, incluidos los extranjeros reasentados en 29 terceros países, no han recibido apoyo adecuado para recuperarse del trauma sufrido por la tortura y la detención prolongada e inhumana. “Algunos fueron detenidos arbitrariamente, torturados o acusados abusivamente de delitos a su llegada a otros países”, añadió Saul.
A pesar de las aparentes garantías diplomáticas obtenidas por Estados Unidos, pero no ejecutadas por el país, un número significativo de hombres fueron expulsados recientemente de dos terceros países “supuestamente seguros” a sus países de origen, donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones de sus garantías fundamentales.
“A pesar de sus errores al detener a muchas personas inocentes, Estados Unidos no les ha proporcionado reparación, incluidas rehabilitación e indemnización”, añadió el relator.
Aplicación de las normas de las Naciones Unidas
Aunque Saul acogió con satisfacción “los verdaderos esfuerzos” del Gobierno estadounidense para ayudar a los supervivientes y a las familias de las víctimas, lo exhortó a que aplique plenamente las recomendaciones de su predecesora, Fionnuala D. Ní Aoláin, relacionadas con la rendición de cuentas, la indemnización y las disculpas a las víctimas de las violaciones cometidas por el país.
“Insto a Estados Unidos a que en el futuro preste una asistencia integral a todas las víctimas del terrorismo aplicando las normas de las Naciones Unidas”, añadió.
*El experto: Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.
** Los relatores especiales, expertos independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
