Estos desalojos se ven «facilitados por la aplicación ilegal de leyes israelíes discriminatorias contra los palestinos en los territorios ocupados», afirmó la oficina en un comunicado.
Procedimientos judiciales
Unas 87 familias palestinas -casi 680 personas- se enfrentan a acciones judiciales iniciadas por «colonos» para desalojarlas de sus casas en Batn al-Hawa.
Los días 9 y 10 de julio, el Tribunal de Distrito de Jerusalén desestimó los recursos de las familias Gheith, Abu Nab y Al-Rajabi contra las órdenes de desalojo dictadas en demandas interpuestas por colonos judíos israelíes que pretendían expulsarlas de sus hogares.
Las familias afectadas residen en nueve unidades residenciales que albergan a más de 80 palestinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos y personas con necesidades especiales.
Ámbitos de preocupación
Uno de los motivos de preocupación es la familia Shehadeh, compuesta por 15 personas, entre ellas ocho niños, que se enfrenta a una «escalada de medidas» para su desalojo forzoso.
Esto se produce después de que el Tribunal Superior de Israel rechazara una petición contra una decisión del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2024 que ordenaba a la familia abandonar su residencia de cuatro plantas en Batn al-Hawa para dejar paso a colonos judíos israelíes.
El 14 de julio, la familia recibió una notificación en la que se le exigía que desalojara su vivienda en un plazo de 20 días, tras lo cual los colonos podrían ejecutar la orden de desalojo.
«Estos casos son ejemplos de una campaña sistemática en curso de los colonos y de la aplicación discriminatoria de una serie de leyes -afirmó la oficina de derechos de la ONU- para desarraigar a los palestinos de sus hogares, apoderarse de sus propiedades e implantar colonos israelíes en el corazón de los barrios palestinos de Jerusalén Oriental.»
Además, el derecho internacional humanitario prohíbe a Israel aplicar su ordenamiento jurídico en los territorios ocupados, lo que se extiende al uso de las leyes israelíes para desalojar a los palestinos de sus hogares.
Además, la oficina declaró que estas leyes son intrínsecamente discriminatorias contra los palestinos, incumpliendo los compromisos internacionales de Israel en materia de derechos humanos.
